Partidos políticos autofinanciados

tikigiki_abstract-element-032En los partidos políticos españoles hay una vaga convicción de que deben hacer “algo” para ganarse a los ciudadanos. En ese “algo” siempre sale a relucir cambiar la financiación de los partidos, porque los ciudadanos perciben que son actualmente “aparatos” de colocación y disponen de un presupuesto económico excesivo para su actividad, sobre todo teniendo en cuenta las penurias económicas de los hogares.

Los partidos políticos deberían haber acometido ya, con decisión, la reforma de su financiación. Sin embargo, no lo han hecho, y el descontento ciudadano se incrementa, porque sólo se mencionan hipótesis, y muchas de ellas no se dirigen hacia la autofinanciación, sino a pervivir con otro ropaje el sistema actual, que en definitiva es a costa de las arcas públicas y, por tanto, a costa de nuestros impuestos. Vamos, que no están dispuestos los partidos a sintonizar de verdad con la sociedad civil.

La sociedad civil española pide a gritos la autofinanciación de los partidos, sin subvenciones estatales ni condonaciones de la banca con una total transparencia.

Basta ojear fórmulas existentes en otros países, pero ya se sabe que sólo nos comparamos con otros cuando nos interesa o justifica inercias, no cuando urge un cambio. Cambiar siempre cuesta un esfuerzo, en todos los ámbitos, y más cuando anda el juego el dinero.

En el PP han surgido algunas voces que piden la autofinanciación de los partidos, básicamente reducida a las cuotas de los militantes y, en todo caso, a donaciones que sean totalmente conocidas y transparentes para cualquier ciudadano. Otros se han atrevido a mencionar la desaparición de las donaciones de empresas, porque son “hipotecas” para un partido político: es evidente que una adjudicación de obras o una campaña electoral quedan, en la práctica, supeditadas al apoyo económico previo o posterior que esas empresas puedan prestar a un partido político. Es angelical pensar que son desinteresadas, y la experiencia de estos años ofrece un amplio abanico de casos en que “empresas afines” resultan agraciadas por un partido, ya sea en el gobierno o incluso en la oposición.

Si las donaciones son totalmente transparentes, no parece existir un obstáculo serio en teoría, pero insisto que la práctica nos demuestra lo contrario. Si se admiten, hay que garantizar que los concursos públicos sean también totalmente transparentes, se publiquen los criterios de baremación y se facilite que los perjudicados o interesados puedan recurrir.

En este clima, también se pone de manifiesto qué partidos optan por la sociedad civil y cuáles no. Ciutadans opta por la sociedad civil, por ejemplo, con fórmulas como los “microdonativos” por internet, que ya gozan de implantación en Estados Unidos. En partidos de izquierdas, como es el caso de la coalición Compromís en la Comunidad Valenciana, llama la atención que se proponga un “cheque”, de modo que cada ciudadano pueda decidir a qué partido quiere financiar: es una fórmula para pervivir el estatalismo, considerando a los partidos como gasto necesario de todo ciudadano, a la vez que niegan el “cheque escolar” para que cada uno decida la educación que prefiera. Al menos, curioso.

O la sociedad civil obliga a los partidos políticos a buscar la autofinanciación, o los partidos no lo harán. O bien un partido político abandera la autofinanciación cuanto antes, y probablemente se sorprenda de su éxito electoral.

31/10/2013