El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación ha elaborado y distribuido un documento para que las 118 embajadas bilaterales, 11 multilaterales y más de 90 consulados de que dispone España en todo el mundo cuenten con un argumentario mediante el cual, en las distintas reuniones informales y entrevistas con los medios de comunicación, sus diplomáticos puedan refutar los pretextos del independentismo catalán.

Por la convivencia democrática es el título del manual, de 210 páginas ampliables a tenor de las circunstancias, que el Ministerio de José Manuel García-Margallo (PP) ha remitido a sus embajadores y cónsules para que conozcan de primera mano la posición del Gobierno respecto al órdago secesionista y se ciñan a ella.

El informe llevaría más de un año elaborándose, pero Margallo habría decidido distribuirlo ahora toda vez que los partidos favorables a un referéndum independentista han decidido dar un paso adelante pactando fecha y preguntas aun cuando aquél no está ni mucho menos aprobado. «Han pasado una segunda fase, la internacionalización, y no podíamos quedarnos de brazos cruzados», explican fuentes gubernamentales.

«Es impropio hablar de un principio democrático»

Inspirado en la campaña Stronger Together -Más fuerte juntos- lanzada por el primer ministro británico, David Cameron, en el contexto del referéndum independentista escocés, el texto español incluye una breve introducción general y seis anexos que, desde las vertientes política, jurídica, cultural o económica, analiza la tensa relación entre Cataluña y el resto de España.

Los títulos de los anexos son: Aspectos jurídicos y constitucionales; Marco jurídico internacional; Aspectos históricos y culturales; Sobre la lealtad a los ciudadanos y las instituciones; Aspectos económicos; Por la concordia, frente a la voluntad de no convivir: exigencias de la ética cívica. Entre otros apuntes, se destaca que:

«Nunca, desde la recuperación de las libertades, la sociedad catalana había vivido episodios de desgarro, fractura social y riesgo de enfrentamiento como hoy. […] La opción independentista provoca el desconcierto y consternación del conjunto de la sociedad española, incluida gran parte de la catalana. […] La independencia entraña un empobrecimiento económico seguro […] La vocación europeísta de Cataluña se vería truncada».

El documento fundamentalmente sostiene que el separatismo no es una opción democrática: «Cuando se propone una acción política unilateral que lo que persigue es el fin de la convivencia, es impropio hablar de un principio democrático». A modo de ilustración, se destaca que:

«No existe emancipación ninguna en considerar, a estas alturas del siglo XXI, como hacen los separatistas, que el hecho de convertir en extranjero al conciudadano es la solución para su bienestar […] Quienes ponen en riesgo la voluntad de concordia son aquellos que fomentan un proyecto político que no quiere contar con el otro sino prescindir de él, un proyecto que no pretende mantener el bien de la convivencia, sino que persigue la separación, entroncando con los momentos más graves de nuestra historia reciente».

«El Gobierno está convencido de que juntos ganamos todos y separados todos perdemos», convienen en el texto. Pero la estrategia del Ministerio es también mostrar que Mariano Rajoy está abierto al diálogo y la negociación «sin fecha de caducidad», pero siempre dentro del límite de la «lealtad» constitucional. «Es incongruente», dice el documento, «acusar al Gobierno de nula voluntad de diálogo con quienes promueven un proyecto que quiere poner fin al diálogo».

«La Constitución no es un ídolo ni un arcano»

«La Constitución no es un ídolo ni un arcano», suscriben en el documento, pero «encarna lo mejor que hemos hecho todos juntos. La ratificación popular de la Constitución alcanzó el 91,9% de los sufragios en Cataluña, con un 68% de participación. Nunca los ciudadanos de Cataluña han superado ese grado de participación y apoyo a ninguna otra norma», recuerda el texto.

En el argumentario no se niega la posibilidad de reformar la Constitución, pero advierten de que «una reforma constitucional que conlleve un cambio sustancial del modelo de Estado ha de ser el producto de una decisión del pueblo español, titular de la soberanía nacional, y de acuerdo con los procedimientos previstos en la propia Constitución».

Asimismo, «se puede afirmar», prosigue el texto, «con todo rigor histórico, que nunca Cataluña, en su historia democrática, ha alcanzado mayor grado de autogobierno en todos los ámbitos, político, económico y cultural, […] como el día en que, en virtud de la Constitución y el Estatuto, Cataluña recuperó sus instituciones de autogobierno».

Por lo mismo, y según el manual, «no cabe admitir que existe un expolio fiscal, salvo que se admitan cálculos que resultan poco fiables; existe una contribución a la solidaridad prevista en la Constitución y que afecta a muchas otras CCAA». El informe también hace llegar a los diplomáticos españoles el dato sugestivo de que, desde 1980, las diversas modificaciones del sistema de financiación autonómica ha recibido siempre el visto bueno de la Generalidad. «No existe por tanto», apunta el texto, «una discriminación sobre Cataluña».

Ciertamente admiten en el documento que existen otros métodos de cálculos alternativos igualmente válidos desde el punto de vista técnico, pero afean a la Generalidad por haber elegido «el método de cálculo que arroja el saldo más negativo y lo presenta como si fuera el único científicamente aceptable».

«¿España contra Cataluña?»

En efecto, el documento, que espera ser actualizado según discurra la situación política en Cataluña, procura no perder de vista las controversias recientes ni las argucias de los partidarios de la ruptura. Así, trata de refutar la tesis principal del denostado simposio ‘España contra Cataluña’ de hace unas semanas:

«No existe ningún enfrentamiento del Estado español con Cataluña sino la discrepancia habitual en la vida política, como en cualquier otra democracia. […] El movimiento simétrico al independentista es el expulsionista; el de aquellos que quieren romper con Cataluña, expulsarla de España. Es este un movimiento también en alza y así mismo empobrecedor y regresivo. [Pero] ambos son afortunadamente minoritarios. La mayoría apuesta por la concordia».

«El lema España nos roba no solo es insostenible en términos estrictamente económicos», afirma Exteriores, sino que supone un «retroceso moral» que «se vuelve contra los que lo gritan al manchar una trayectoria estimable en términos de solidaridad de la sociedad catalana».

En el documento se reconoce sin ambages que «desde hace varias décadas, Cataluña aporta prácticamente siempre más ingresos al Estado que los que recibe en forma de transferencias, servicios e inversiones: Esto es, que Cataluña contribuye solidariamente al equilibrio territorial de España». Sin embargo, este hecho es similar a lo que ocurre en la UE, donde los países más ricos sufragan las dificultades de los más pobres. «Alemania lleva décadas contribuyendo generosamente a los fondos de desarrollo y nadie duda del efecto beneficioso que para su economía y sus empresas ha supuesto esta contribución», confirma el texto.

El documento, en cualquier caso, informa de que entre 1986 y 2006, Cataluña ha obtenido 8.640 millones de los Fondos Estructurales y Fondos de Cohesión europeos y que el Gobierno, a través del Fondo de Liquidez Autonómica o del Plan de Pago a Proveedores, ha permitido a la Generalidad acceder a créditos por 13.000 millones de euros en 2012 y 9.000 este año.

El inefable «derecho a decidir»

Pero «los separatistas intentan presentar a España como un país colonial y totalitario», recoge el manual, para alertar de que «solo si se persuade a la sociedad internacional de que esa es la verdadera realidad de España podrá, a su juicio, lograrse la autodeterminación conforme a derecho».

En este sentido, el documento recomienda poner en claro que «el principio de integridad territorial del Estado constituye un elemento básico del derecho internacional. El derecho de autodeterminación de los pueblos solo está permitido cuando se den unos supuestos muy precisos: antiguas colonias, pueblos oprimidos y violaciones masivas y flagrantes de los derechos humanos», lo que a todas luces no es el caso.

Asimismo el manual remitido por el ministro Margallo parte de la premisa de que «los territorios no pagan impuestos», sino los ciudadanos, y en este caso «la recaudación fiscal en Cataluña es mayor porque hay más ciudadanos con rentas altas». Según añaden, la renta per capita de Cataluña era el 119,7% de la española en 2012, y el 120% de la europea en 2009.

Tampoco se olvidan en el informe de recordar una vez más que «una Cataluña independiente quedaría ipso facto fuera de la Unión Europea. Sería, a todos los efectos, un nuevo Estado que habría de someterse al procedimiento de adhesión. Su ingreso debería ser aprobado por unanimidad; es decir, cualquiera de los actuales 28 Estados miembro tendría derecho de veto«, advierte.

«Los casos de Escocia y Quebec son ejemplos de cómo el imperio de la ley es el único camino para desarrollar opciones políticas», dice el texto, que no omite analizar los precedentes de Reino Unido y Canadá para llegar a la conclusión de que, en ambos supuestos, todas las partes han respetado el marco legal interno, que es distinto del español.

Así, en el caso de Escocia, el próximo 18 de septiembre podrá celebrarse un referéndum independentista porque el Parlamento de Westminster ha transferido al de Edimburgo la competencia para ello y también porque el propio referéndum está previsto en el Acta de Escocia de 1998, más o menos análoga al Estatuto de Autonomía. «El acuerdo alcanzado es coherente con la historia y el marco constitucional de Gran Bretaña, muy distinto del español, y no entraña el reconocimiento de un supuesto derecho de secesión unilateral».

Lo mismo vale para el Quebec, donde se han pactado con las autoridades de Canadá los sucesivos referéndums independentistas. La «diferencia radical» está sin duda en el manido ejemplo de Kosovo, pues su población había sido «objeto de atrocidades contrarias a los más elementales postulados del derecho internacional». Y ni siquiera en este caso España reconoce su independencia.

Crónica Global. 2013