La independencia judicial, ante la ONU

La Plataforma Cívica por la Independencia  Judicial ha interpuesto, formalmente, el cinco de enero de 2014 queja ante la ONU, relativa a la politización de la Justicia Española. Se trata de una denuncia donde se informa a Naciones Unidas del riesgo que corren los derechos humanos en España, ante la pérdida de independencia del Poder Judicial español y los ataques a la constitucional separación de poderes. Un elemento decisivo para la democracia y al que MilProfesionales.org le dedica mucha atención.

 

Hacemos el presente llamamiento ante los graves acontecimientos que se vienen produciendo en nuestro país (España) que menoscaban la independencia judicial y no respetan la debida separación de poderes, incumpliéndose los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del delito y caricatura-de-tapar-la-justiciaTratamiento del delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones de 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985. (…)

 

Los dos grandes partidos llevan más de 30 años alternándose en el poder, disponiendo de amplias mayorías que les permite repartirse los diversos cargos en los órganos de poder y de las instituciones. (…)

 

En el informe del Relator Especial de la ONU sobre la independencia de la judicatura del año 2.009, se señaló que “ El principio de la separación de poderes, junto con el estado de derecho son la clave de una administración de justicia con garantía de independencia, imparcialidad y transparencia…, en su Observación general Nº 32, el Comité de Derechos Humanos subrayó que toda situación en que las funciones y competencias del poder judicial y del poder ejecutivo no fueran claramente distinguibles o en la que este último pudiera controlar o dirigir al primero era incompatible con el concepto de un tribunal independiente. Por consiguiente, el Comité ha expresado preocupación al respecto en varias de sus recomendaciones finales y ha instado a que se establezca una diferenciación clara entre los órganos de las diferentes ramas del poder”; en otro apartado, que “ la participación del poder legislativo en el nombramiento de los jueces entraña el riesgo de que el proceso se politice, … los nombramientos políticos no son una vía adecuada. Es crucial que la población adquiera confianza con un sistema judicial que administre justicia de manera independiente e imparcial exento de consideraciones políticas” Se recomienda establecer un órgano independiente encargado de la selección de los jueces, una entidad independiente del gobierno y de la Administración, y formado sustancialmente por jueces, con vistas a evitar interferencias externas de carácter político o de otra índole. A juicio del Relator Especial, si el órgano está compuesto principalmente por representantes políticos, siempre existirá el riesgo de que pueda convertirse en una entidad meramente formal o una dependencia jurídica a cuya sombra el Gobierno ejerza indirectamente su influencia. Para evitar esta situación, la judicatura debe seleccionar a los miembros de dicho órgano independiente.

 

En el caso español, se ha pervertido el sistema, de modo que el órgano independiente es meramente formal. Es un disfraz. (…)

 

Tradicionalmente, en España, el ascenso y promoción de los jueces se regía por el escalafón, de modo que cada uno sabía de antemano cuándo le correspondía ascender. No originaba litigiosidad ni conflictividad.

 

Desde hace unos años, ese sistema objetivo se ha ido desvirtuando, ya que cada vez hay más cargos judiciales de designación discrecional. Antes, sólo los presidentes de Tribunales de Justicia (incluidos los regionales- autonómicos y provinciales-) eran elegidos de este modo, el resto se regía por el escalafón; pero el elenco de los cargos discrecionales se ha ido ampliando a todos los miembros del Tribunal Supremo, todos los presidentes de Salas del Tribunal Supremo, de Tribunales regionales y de la Audiencia Nacional. En la actualidad, hay centenares de cargos judiciales que son elegidos por esta vía.

 

Al propio tiempo, se ha desarrollado una carrera paralela, que se articula mediante comisiones de servicio, y cada vez más generalizada. Hay centenares de jueces y magistrados que concursan, cambian de destino y ascienden de este modo. (…)

 

Si no fuera porque los políticos pretenden influir en las decisiones de los jueces, no habría motivo para que desplegaran tanta actividad sobre el CGPJ – que conlleva la elaboración de informes, modificación de leyes, incluso con la suspensión de la vigencia, en pleno plazo de inicio de la renovación-  y tuviera tanto interés en designar a sus miembros. Ya advierte el Relator Especial para la independencia judicial que han de evitarse también injerencias internas, estos, es las que provienen de las estructuras internas.

 

Nada más fácil para los políticos que introducirse, a través de terceros, en ese órgano independiente para desplegar su influencia, pretendiendo que no se vea como influencia externa y limitando, a su vez, la frontal oposición o resistencia que pudieran plantearle los jueces, al ser “compañeros” los que “formalmente” les mandan.

 

Por todo lo expuesto, solicitamos su urgente intervención, que revise y compruebe todo lo denunciado, y actúe en consecuencia, pues, no es posible en las condiciones actuales garantizar la independencia de los jueces ni se respeta la necesaria separación de poderes. Acudimos en su auxilio ante la demostrada incapacidad de las autoridades e instituciones internas para poner fin a esta situación.

 

Puede leerse aquí la DENUNCIA COMPLETA