La dispersión de presos etarras,una política «que debe continuar»

MÚGICA Y ASUNCIÓN, SUS ARTÍCIFES, HACEN BALANCE

 «La dispersión sigue teniendo sentido». Lo dice Antoni Asunción, uno de los artífices como director general de Instituciones Penitenciarias (luego sería ministro de Interior), junto a Enrique Múgica (entonces ministro de Justicia), de la política penitenciaria de dispersión de presos de ETA, de la que este 2014 se cumple un cuarto de siglo, con 509 presos repartidos en 51 prisiones españolas y 27 francesas, según el informe de diciembre de 2013 de la asociación Etxerat. «De haberse mantenido el criterio inicial con el que la aplicamos en 1989 estos 25 años, hubiera tenido antes resultados, y más cercanos a nosotros. Se hubiera producido antes el anuncio del cese de la actividad armada [que la banda hizo público en octubre de 2011] y el comunicado de los presos de hace unas semanas. El balance de la dispersión es muy positivo: si no hubiera hecho mella en ellos, no sería una de sus principales reivindicaciones, si no la principal», asegura Múgica, quien añade: «Hay que seguir con la dispersión. El hecho de que todos los grupos etarras y sus simpatizantes reclamen su fin revela su éxito».

 La dispersión fue efectivamente parte del discurso del comunicado del colectivo de presos EPPK del pasado día de los Inocentes, así como también del acto -o «aquelarre», según la definición del actual ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz– de los liberados de la doctrina Parot el pasado fin de semana en un antiguo matadero de Durango, donde los allí presentes cargaban con un pasado de más de 300 asesinatos. Lo era, también de la manifestación convocada para hoy mismo en Bilbao por la organización Tantaz Tanta (Gota a Gota), que pretendía (ayer la prohibió el juez Eloy Velasco) culminar la jornada con «un mar de decenas de miles de gotas pidiendo el fin de la dispersión», según sus portavoces, y que será sustituida por una manifestación silenciosa. Todo ello aderezado con las detenciones de esta semana del llamado ‘Frente de abogados’, a los que fuentes de la investigación atribuye la dirección y coordinación del colectivo de reclusos. Esto es, su control.

 Los reclusos. Los de los makos. Uno de los «pegamentos», en expresión de Asunción, esenciales de la banda, que ha basado buena parte de su estrategia social y propagandística, buena parte de su justificación, en su «victimización» y «control» por parte de ETA. Corría la primavera de 1989, dos años después de la matanza de Hipercor, del fin ‘oficial’ de los GAL, e inmediatamente después de la ruptura de las frustradas negociaciones de Argel. Los presos de ETA se agrupaban en las cárceles de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), sobre todo, y Alcalá-Meco (Madrid) o Carabanchel, en el caso de las mujeres. Allí «estaban privados de libertad, pero la banda dictaba sus normas», según relata Asunción, hoy ligado al Movimiento Ciudadano. Desde su comida, que no era el rancho del resto de presos, a si podían o no recibir visitas. Así lo ve Múgica: «Gobernaban las cárceles. No cumplían ninguna de las normas que el primer grado exigía. Y muchos de ellos vivían en una doble prisión: una, impuesta por los tribunales y otra, por los jefes de la banda. Había presos que querían acogerse a los beneficios penitenciarios, pero los frenaban los duros. La dispersión significaba dividirlos para que se cumpliera el reglamento de acuerdo con las características de cada uno. El criterio con el que la llevamos a cabo entonces, y que ha tenido después altos y bajos, era el de aplicarles el reglamento. Que quien buscara una salida se ajustara a él, esto es, que renunciase a la banda, que pidiera perdón a las víctimas, etc.».

«Lo que hicimos con la dispersión fue aplicarles el régimen general, haciendo posible que los que abandonasen el delito progresasen en grado. Se les eliminaron los privilegios y se les mezcló con el resto de reclusos. Hasta ese momento estaban en una especie de limbo, en una burbuja controlada por ETA». A partir de entonces, según el relato de Asunción, dos tercios de estos presos se trasladaron al eje de Madrid al norte; y el resto, «los más radicales», al sur, lo que valió a esta política el respaldo de un PNV que en breve, según ha anunciado el lehendakari, Iñigo Urkullu, pedirá también al Gobierno el fin de la dispersión. Como en los casos de delincuentes del crimen organizado, los etarras fueron separados. Dispersados. «Si juntas a dos de la misma banda, está claro que se van a vigilar, a controlar. Con los etarras sucede como con los narcotraficantes: nadie pondría a dos miembros de una misma organización juntos», explica el ex responsable de prisiones, quien también recuerda cómo la dispersión convirtió a los funcionarios de prisiones en blancos de ETA, con Ángel Mota como primera víctima, en 1990.

El balance, tanto para Múgica como para Asunción, fue muy positivo: el primero cifra en 120 los presos que entre 1989 y 1990 se acogieron a los beneficios penitenciarios. «En un par de años, dos tercios abdicaron del instrumento delictivo como medio para lograr la independencia de Euskadi. Rompimos la estructura de ETA, su aglutinante en las cárceles y en el exterior, su estrategia de convertir al victimario y a su familia en víctimas. ETA sólo defiende a sus abogados y a su directiva, porque necesita tener una masa crítica en las cárceles para azuzar el victimismo», resume Asunción. La dispersión incorporó otras medidas, como el hecho de avisar a las familias de los presos cuándo estos gozaban de permisos y visitas, para que supieran que, si no tenían noticias suyas, era por orden de la banda, no por ninguna «política represiva», según el lenguaje etarra. Fue aquella la «primera vez que se incorporó el sistema penitenciario a la política antiterrorista, y por qué no hacerlo», recalca Asunción.

Los colectivos de apoyo a los presos hablan de la dispersión, por supuesto, en otros términos. Mientras Múgica defiende una medida que, simplemente, «está en el reglamento penitenciario. Las autoridades pueden destinar a cada preso al lugar que consideren más conveniente para el cumplimiento de su condena», el informe de diciembre de Etxerat habla de «derechos pisoteados», de la distancia que tienen que recorrer sus familiares (más de mil kilómetros en el caso de 76 presos, según sus cálculos), de la «soledad» de los «presos políticos», «dispersados en cárceles diferentes y, además, en módulos diferentes». El análisis del mismo colectivo sobre la dispersión retrata una política «de excepción» que pretende «anular» o «terminar» con el preso (literalmente), y que ha provocado, en ocasiones, la muerte de sus familiares en las carreteras, en sus viajes hacia prisión. Hoy, 25 años después de su instauración, en las calles de Bilbao habrá una manifestación silenciosa, no el ‘mar’ convocado en un principio por Tantaz Tanta, en el que, a buen seguro, se entonaría el Euskal Presoak Euskal Herrira [Presos vascos, a Euskal Herria], el lema que nació también en 1989.

Asunción se sonríe ante la mención del comunicado de los presos del EPKK. «¿Qué ha ocurrido? Que quienes estaban haciendo de ‘carceleros’, los que aún estaban cuidando al ‘ganado’, vigilando, controlando, eran otros presos, no los abogados, que nunca han sido más que correveidiles. Y estos ‘carceleros’ han salido ahora de la cárcel, y han dicho ‘el último, que cierre la puerta’. Los carceleros han salido y la ‘tropa’ ha pensado ‘hasta aquí hemos llegado'», relata. «ETA está en sus últimos estertores. Lo lógico es acabar de desvertebrarla», añade Asunción, que aboga, como Múgica, por que la dispersión continúe. «La opción del ministro Fernández Díaz [que aseguró que el comunicado de los presos «no cambiará la política penitenciaria»] es la correcta. Se trata de acabar con ETA. No de que ellos proclamen el fin de la violencia. Tienen que reconocer el daño, pedir perdón, entregar las armas. Decir que se han equivocado. Y dejar de hablar de conflicto, porque el uso de esa palabra significa poner en igualdad a ETA y al Estado, que supuestamente tienen que negociar la situación de los presos y las condiciones que los condujeron al terrorismo, y eso no es posible», señala Múgica. Exministro, ex Defensor del Pueblo, Enrique Múgica es además, víctima del terrorismo, tras el asesinato, en 1996 de su hermano Fernando. Se le ha atribuido en ocasiones la frase «que se pudran en la cárcel». Pero no es esa la cuestión: «El problema no es que se pudran en prisión, sino que se cumpla hasta el final la norma penitenciaria». 

Ana Goñi. 2014