La soberanía no se trocea

Como la decisión de celebrar la consulta ya está tomada, encomendemos a los hermanos legos su defensa. Así debieron razonar quienes enviaron a Turull, Rovira y Herrera a defender en el Congreso el proyecto de Ley Orgánica que solicita la delegación al gobierno catalán de la competencia para realizar un referéndum –con uno basta para sus propósitos– y preguntar a los catalanes si quieren que Cataluña sea Estado, y, si es así, independiente. Antes de entrar a exponer y valorar lo que se dijo en la histórica sesión del 8 de abril de 2014, quiero llamar la atención sobre el hecho de que si el referéndum se celebrara y los catalanes respondiéramos sí a la primera y no a la segunda de las preguntas, Cataluña se convertiría en un Estado no independiente. No ha sido ésta la única ocurrencia brillante de Mas sobre un asunto de tanta trascendencia. Preguntado cómo organizaría la defensa del estado catalán, respondió que “Cataluña lo que tiene que hacer es entenderse con alguien que tenga ejército, sea España, sea Europa, sea la OTAN o quien sea, y pagar lo que nos corresponda por nuestra defensa”. Sin comentarios.

Exposiciones de los comisionados
Turull, representante de CiU, desgranó el habitual discurso victimista que achaca al Estado centralista querer devolver a Cataluña a la marginación. La sentencia del TC sobre el Estatut decapitó “las expectativas de autogobierno” y provocó la movilización del pueblo de Cataluña. El proyecto de Ley que aprobó el Parlament el 16 de enero canaliza esa demanda popular: hay que saber que “quieren con exactitud los catalanes” y para averiguarlo hay que permitirles votar. Rovira, en nombre de ERC, manifestó su sentimiento de abandono –“no tenemos suficientes recursos… y sentimos que el Estado no está a nuestro lado”– y frustración –“desde el catalanismo siempre hemos buscado el encaje y a cada paso hemos perdido oportunidades”, nos quitan de las manos los pocos instrumentos con que contamos, y “no nos aceptan ni como somos ni como hablamos”–. Por eso, tengo “la osadía de pedir el voto para la independencia de Cataluña”. Herrera, el portavoz de ICV-EUiA, explicó que lo inteligente y democrático “es sentarse a dialogar para hacer ese referéndum”, acusó a los diputados, “prisioneros del anticatalanismo”, de “no representar la pluralidad de la sociedad española”, y concluyó que “quienes defienden hoy aquí la soberanía se la ceden a los mercados”.

VOLEM UN ESTAT PROPI

Turull evitó mencionar que, cuatro años antes de dictarse la sentencia del TC, Mas y Pujol dejaron muy claro que el Estatut bueno no era el que saldría de las Cortes sino el aprobado el 20 de septiembre de 2005 en el Parlament (La Vanguardia, 29 y 30 de enero 2006). Ni tampoco que un año antes de dictarse la sentencia, CDC exhibía en sus sedes carteles de gran tamaño donde podía leerse “QUEREMOS UN ESTADO PROPIO” (“VOLEM UN ESTAT PROPI”). ERC nunca ha ocultado su intención de lograr la independencia y resulta, por ello, hipócrita decir que desde el catalanismo siempre hemos buscado el encaje con España. En cuanto al alegato de ICV-EUiA a favor del derecho a decidir cualquier cosa en cualquier lugar siempre que alguien lo pida, me temo que estamos ante una reacción pendular de partidos cuyos ancestros justificaron ad náusean a las ‘democracias populares’ donde los ciudadanos nunca votaban. Quizá algún iluso esperaba que la izquierda catalanista explicara por qué la solidaridad se acaba en Tarragona y Lérida.

“Nadie puede otorgar a unos pocos lo que pertenece a todos”
¿Pueden Las Cortes que representan al conjunto de los ciudadanos saltarse la Constitución y transferir a la Generalitat la competencia de celebrar un referéndum para que los españoles residentes en Cataluña tomen “decisiones que afectan a todos los españoles”? “Si lo hicieran –contestó Rajoy– estas Cortes se estarían situando por encima del pueblo español”. En su magnífico discurso, el Presidente, además de insistir en la imposibilidad legal de transferir lo que es indelegable y otorgar a unos pocos lo que pertenece a todos, recordó a los comisionados las grandes cosas que hemos logrado juntos: prosperidad económica que ha situado a Cataluña entre las regiones más ricas de Europa, y una democracia constitucional que ampara los derechos fundamentales de todos y reconoce a Cataluña un elevado grado de autonomía. Negó que Cataluña sufra opresión o trato discriminatorio alguno, o que sus instituciones no reciban ayuda de las instituciones centrales del Estado, y dejó abierta la puerta para hablar sobre financiación en el marco de la ley, y hasta para modificar la Constitución. Rajoy acabó apelando a la concordia y al espíritu de la transición.
Comenzó Rubalcaba subrayando que “la igualdad de oportunidades y derechos” y el “respeto a todas las identidades” son las banderas del socialismo, y que, precisamente porque “somos socialistas, no nacionalistas”, “no nos gustan esos procesos que obligan a los ciudadanos a elegir”. El líder de la oposición, siguiendo a Rajoy, insistió en que más allá del encaje legal del referéndum, el fondo del asunto es que “no se puede preguntar a unos cuantos lo que atañe a todos”, porque “de lo que ustedes están hablando es de un cambio en la Constitución”. Rubalcaba, se mostró también predispuesto a modificar el modelo de financiación, no sin antes recordar a los comisionados que “todos los modelos de financiación se han pactado con los gobiernos de Cataluña”, y reprocharles que “no es tolerable que en Cataluña haya quien diga que ‘España nos roba’”. Finalmente, los invitó a sumarse a su proyecto de reforma de la Constitución “porque queremos seguir viviendo juntos”, y, a diferencia de ustedes que quieren votar “por el desacuerdo y separados”, nosotros queremos hacerlo “por el acuerdo y juntos”.
Rosa Díez aludió a su condición de diputada nacional para significar que ostentaba la representación de todos los ciudadanos, catalanes incluidos. Tras hurgar en las contradicciones de los argumentos expuestos por los comisionados –Turull “votar para saber”; Rovira “votar a favor de la independencia”; y Herrera “votar en contra de la independencia”–, Díez tildó de antidemocrático pretender quitar derechos a los españoles y aprovechó la ocasión para airear que son algunos “ciudadanos de Cataluña” quienes están oprimidos por la Generalitat. Negó que hubiera algo que dialogar porque para ello hace falta “reconocimiento mutuo” y “estar de acuerdo con las reglas del juego”. Calificó el debate de farsa y fraude, presentó algunas cifras reveladoras del escaso interés de los catalanes por estas cuestiones, y les conminó a ocuparse de los problemas de los ciudadanos y dejar a un lado sus obsesiones.

Final e inicio de etapa
El saldo de la votación, 47 votos a favor, 299 votos en contra y 1 abstención puso punto y final a una estratagema puesta en marcha por el gobierno catalán para ganar tiempo y mandar a la comunidad internacional el mensaje de “lo intentamos por las buenas”. No hay que preocuparse en exceso porque pocos son los estados democráticos en el siglo XXI dispuestos a hacerles el juego a los independentistas catalanes, a aceptar la parcelación de la soberanía a demanda, o a negar el derecho de los estados a defender su integridad territorial. Las Cortes han cumplido con su función y ahora se inicia otro período de confrontación dialéctica y jurídica. Rajoy hará bien en seguir sin responder a las continuas provocaciones de Mas y sus adláteres y esperar hasta que el gobierno y el Parlament de Cataluña se sitúen fuera de la ley. Entretanto, la sociedad civil catalana tiene que ponerse en marcha para demostrar que la mayoría de los catalanes está a favor del entendimiento y la unidad y consideran que la secesión es un proyecto ruinoso para Cataluña y España.

Clemente Polo