El ministro Montoro anunció el pasado viernes, tras el Consejo de Ministros, que el Gobierno está elaborando las balanzas fiscales entre el Estado y las diversas comunidades autónomas. Averiguar este dato, dijo el ministro, aportará transparencia al debate sobre el nuevo sistema de financiación autonómico que, al parecer, se quiere elaborar en el marco de una reforma integral del sistema tributario español tras el informe de un comité de expertos. No es este un mal sistema, sino todo lo contrario, para abordar una reforma en profundidad.

En efecto, debatir tomando como base un informe que se presume serio acota el ámbito de la materia que se discute y establece unas reglas mínimas sobre los argumentos que utilizar. Quizá por fin los ciudadanos podremos orientarnos sobre un concepto tan confuso como es el de las balanzas fiscales que en Catalunya ha dado lugar a un eslogan xenófobo, el de “España nos roba”, y a la teoría del “expolio”, frívolamente utilizada por tantos insensatos.

La prueba de esta confusión está en las dispares cifras que resultan de los distintos métodos de cálculo. Como es sabido, dicho de forma elemental, las balanzas fiscales o, mejor dicho, los saldos fiscales son la diferencia entre los impuestos estatales que los ciudadanos y las empresas de una comunidad autónoma ingresan en la Hacienda estatal y los servicios que reciben del Estado. Para efectuar dicho cálculo hay, entre otros, dos principales métodos: el del flujo “monetario” y el del flujo “de beneficios”.

El primero, el del flujo monetario, considera únicamente como gasto estatal el que se localiza en el territorio de una determinada comunidad autónoma. El del flujo de beneficios, en cambio, considera además el rendimiento económico que dicho gasto proporciona.

Pongamos un ejemplo: la inversión estatal que supuso el AVE entre Barcelona y Madrid (o entre Madrid y Barcelona, escojan ustedes). Según el método del flujo monetario, únicamente debe considerarse como una inversión estatal en Catalunya el gasto invertido en el tramo que discurre entre el límite de la provincia de Lleida –es decir, la entrada en Catalunya– y Barcelona. En cambio, el método del flujo de beneficios debe calcularse en función del aprovechamiento económico que esta línea ferroviaria presta en todo su recorrido e, incluso, el que se deriva de los enlaces con otros trenes a partir de Madrid y, en la actualidad, la nueva línea que conduce hasta Francia.

¿Cuál de estos dos ejemplos es el más realista? No cabe duda, me parece a mí, que el segundo. La mayoría de viajeros, de ida y de vuelta, lo utilizan para desplazarse de Barcelona a Zaragoza y, sobre todo, a Madrid; mucho menos a Tarragona, Lleida, Calatayud o Guadalajara. Además, cada uno de estos puntos de enlace conduce a otros y las ventajas de estas comunicaciones facilitan inversiones que dan lugar a beneficios para quienes residen en Catalunya, Aragón, Madrid y zonas cercanas a estaciones intermedias situadas en otras comunidades autónomas, sin contar que sus vías sirven también para que circulen con mayor rapidez otro tipo de ferrocarriles. El arco de influencia abarca, pues, cuando menos, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha y hasta Andalucía, por ejemplo, con varios trenes hotel diarios desde Sevilla a Barcelona. Y ahora hay que contar también el tramo Barcelona-Figueres, pronto hacia el sur de Francia, y en el futuro hacia Lyon y París, enlazando con toda Europa. ¿Dónde repercute, pues, la inversión estatal? ¿Sólo en Madrid y en Barcelona? ¿En las demás estaciones en las que hace parada? ¿Sólo como transporte y no, indirectamente, en las demás actividades económicas? ¿Sólo en las actividades económicas que se desarrollan en Catalunya o en Madrid? ¿No repercute también, para entender mejor el mundo en que vivimos, en la economía de Japón, ya que el tramo de AVE Barcelona-Madrid facilita el transporte de pasajeros y productos japoneses, e incentiva a sus empresas inversoras, con la consiguiente repercusión en la industria, el comercio y el turismo, de aquí y de allá?

Sólo una visión provinciana de la realidad puede considerar que tiene sentido un cálculo de las balanzas fiscales entre el Estado y las comunidades autónomas por el método del flujo monetario y no por el flujo de beneficio. Quizá por esa razón el Govern de la Generalitat hace los cálculos por el flujo monetario. Ahora bien, el primero puede fácilmente calcularse con mucha precisión, y el cálculo del segundo, por su naturaleza, es mucho más difuso. ¿Cómo pueden calcularse con un mínimo de certeza, en un mundo en red, los beneficios de cualquier medio de comunicación?

Es por todo ello que las balanzas fiscales, el saldo fiscal entre el Estado y las comunidades, incluso calculadas por el método del flujo de beneficio, son un instrumento mítico y bastante ineficaz para basar un sistema de financiación autonómica. Ahora bien, dada la demagógica campaña de propaganda de los nacionalistas catalanes, que ha sido efectiva a pesar de sus falacias, creo que es un acierto del Gobierno, a efectos de transparencia, suministrar cálculos oficiales.

Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional en la UAB. Aparecido en La Vanguardia