En agosto de 2010 escribimos en este mismo periódico que habíamos creado un monstruo con nuestro insaciable
Estado de las Autonomías. Entonces, como ahora, pretendíamos exponer conceptos desde un punto de vista económico, lo más diferenciado de conceptos políticos, hasta donde fuera posible, aunque estos últimos sean, probablemente los más dañinos para la Ciudadanía.
Como es natural nuestros politicastros y otras hierbas no tomaron ninguna medida, antes al contrario, y los problemas que exponíamos, por el curso natural del tiempo, aumentaron. Recordamos que hablábamos de cuatro grandes problemas que nos estaban destrozando: uno contable, por la profusión tropical de organismos públicos de toda laya; el segundo consistía ni más ni menos que en la destrucción de nuestro mercado único; después traíamos a colación la pérdida de eficiencia por el descalabro de las economías de escala en las políticas y planificaciones para
terminar con el más grave: la pérdida de la necesaria motivación, solidaridad y conjunción de esfuerzos unitarios en tiempos de emergencia (y en todo tiempo).
Echando la vista atrás casi tres años, cualquiera puede observar cada día como los cuatro “fallos” de nuestra construcción autonómica se han agrandado notoriamente. La diferencia, hoy en día, es que prácticamente ningún intelectual de nivel duda ya que el modelo es insostenible; que ahora la realidad es conocida por “Bruselas” y nuestros muchos acreedores; y que se han destapado más obstáculos para la recuperación económica por culpa de “nuestro gran invento”. Para un observador más o menos quirúrgico y aséptico, desde Europa por ejemplo, que quisiera interesarse por España, sencillamente, nuestro monstruo se ha agigantado. Y nos engulle día a día. Citemos, sin ser exhaustivos, cuatro nuevas caras económicas del monstruo. En primer lugar, y aunque es tema desapercibido, nos preocupa que España haya llegado a un punto en que la descentralización que tanto bien le haría es imposible. Los españoles han confundido la descentralización que anhelaban con una multiplicación de la centralización en diecisiete polos. Nuestra nación no está descentralizada sino multicentralizada y es ahora imposible descentralizarla. Con un ejemplo lo verán enseguida, no es lo mismo planificar una Sanidad pública igualitaria para todos los españoles, delegando la gestión a instituciones cercanas a los ciudadanos que crear diecisiete modelos distintos de sanidad. Y vaya usted a asegurar igual derecho a los españoles cuando los diecisiete modelos parten de infraestructuras y posibilidades económicas distintas. Económicamente absurdo.
Y vayamos a tres grandes desastres. Lo primero que ha surgido con virulencia estructural es la corrupción. Los costes económicos son un clásico de los manuales. Ineficiencia, mala utilización de recursos, desmotivación, pérdida de confianza entre los más conocidos. Y hoy en día pocos dudan que la proliferación de organismos e instituciones regionales, con sus caciques y carguillos públicos a la cabeza, impunes ante los controles y con disparatadas cesiones de poder normativo que jamás hubieran tenido que cederse, jamás la corrupción se hubiera convertido en endémica. Entre otras cosas, las Cajas de Ahorros, convertidas con concupiscencia en “bancos taifales”, han sido víctimas sonadas de ello. Y todos nosotros. Después está el caso de la grave inseguridad jurídica derivada de multiplicación inabarcable de normas de todo ámbito y de los equilibrios interpretativos de nuestros jueces intentando convertir una unidad política de ciudadanos iguales, que recoge lógicamente la Constitución, en una Commonwealth territorial cañí. Los costes económicos son palmarios, desde la judicialización de las decisiones económicas más elementales, hasta la total desconfianza de los inversores. La cesión irracional de capacidad normativa a territorios que no son más que un invento administrativo por justificar se ha transformado en un dislate costosísimo. Es tristísimo que la frase más oída en las Cortes a la hora de debatir Leyes sea el bramido ante “la invasión de competencias”, como si eso tuviera alguna importancia frente a la consecución de una mayor prosperidad común.
Citemos el último, España se ha vuelto grandemente ingobernable. Un problema intenso que se mide mejor desde el exterior. Sencillamente, agentes económicos externos todos los días no saben a qué institución de qué nivel dirigirse, y cuando lo hacen, generalmente les envían a otra hasta que se cansan. Y ello unido a la inmensa dificultad de implementar normativa comunitaria por la “invasión de competencias”: el mantra de todas las guerras. Nos consta que nuestros lectores barruntan el coste económico de una nación bastante ingobernada e ingobernable. No lo tomaron en serio hace tres años. No lo tomarán ahora. Y sin embargo una revisión urgentísima del reparto de competencias, sobre todo normativas, es indispensable para restablecer los cimientos de una España eficiente y competente. Sobre estos problemas es sobre lo que es urgente un pacto de Estado. Para la mayor prosperidad de los ciudadanos ¡ya!
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