Gibraltar. Un contencioso a resolver

architecturaEl tratado de Utrecht de 1713 contempla, con toda claridad, la cesión para siempre de la soberanía del Peñón que comprende única y exclusivamente la ciudad, castillos, fortalezas, defensas y puerto. En ningún apartado del tratado se habla de jurisdicción territorial. Este tratado es firmado por el Reino de España y el Reino de Gran Bretaña.

En ningún momento de la historia, España ha consentido la agregación de terrenos al territorio, mal llamado como tal, por los británicos. De forma unilateral, Gran Bretaña en un acto de rapacería inaceptable, máxime entre países denominados amigos y aliados, construyó el aeropuerto en 1938 con la oposición de España.

Los pasos dados por parte de los diferentes gobiernos españoles desde 1985, fecha de incorporación de España a las instituciones europeas u a la OTAN, para recuperar el territorio anexionado, no han tenido éxito alguno.

Yo diría que estos intentos de buena voluntad por parte de España no han servido para nada. Más bien al contrario. Gran Bretaña se ha envalentonado y ha consolidado su estatuto político autónomo, ha reforzado la economía de la colonia y sigue trabajando para convertir el Peñón en un centro de negocios en contra del espíritu del Tratado de Utrecht.

Las repetidas violaciones del Tratado por parte de Gran Bretaña creando una Constitución gibraltareña (1969) y modificaciones añadidas en 2006, son suficiente cuerpo de doctrina para que el Derecho Internacional interpretando y aplicando el artículo X del Tratado, diera por finiquitada la cesión de España y por ello recuperara los derechos soberanos sobre el Peñón. Esto en cuanto al Tratado de Utrecht que define con toda claridad que Gran Bretaña no tiene jurisdicción territorial sobre el Peñón.

Dicho esto, pasamos al último incidente ocurrido con el vertido en aguas jurisdiccionales españolas de una serie de bloques de hormigón que impiden faenar a los pescadores de la bahía de Algeciras, con todos los problemas que esta actuación ha tenido para la economía de la zona.

A esta acción no amistosa, que se puede calificar de verdadero acto de piratería, no se ha presentado nada más que una tímida respuesta del gobierno español, en el sentido de dificultar el paso de vehículos por la frontera y endurecer la vigilancia del contrabando de cajetillas de tabaco. No se ha atacado de frente y de raíz el problema.

Una acción tan injusta con intención de producir daño y tan, permítanme decirlo, chulesca y prepotente como en muchos otros incidentes anteriores, debe de tener una respuesta por parte del gobierno español, contundente y no de paños calientes como es habitual.

A una acción unilateral como la del vertido de bloques de hormigón no cabe nada más que cerrar la verja, suspender el suministro de agua, gas y electricidad y la colocación de globos cautivos en el espacio aéreo español sobre el aeropuerto que impidan el despegue y aterrizaje de aviones. Contra una acción de fuerza, sin justificación alguna y con generación de daño no cabe más que una respuesta como la mencionada.

Retirados los bloques por Gran Bretaña, España procederá a restablecer la normalidad de suministros y tráfico aéreo. A posteriori, Gran Bretaña y España se sentarán a estudiar la aplicación del Tratado de Utrecht ajustado a la realidad de hoy que llevará a la retrocesión de la soberanía a España.

El tratado ha sido conculcado, en repetidas ocasiones a lo largo de la historia, lo que legitima la retrocesión del Peñón de Gibraltar a España.

Sergio García-Orcoyen