La desesperación, del corrupto gobierno catalán, le ha impulsado a dar un paso más en el desafío a los españoles, con una fecha y una doble pregunta para el supuesto referéndum de independencia. Acuciado por la quiebra (la mayor deuda de España, su nivel de bono basura), el despilfarro (más de 20.000 millones otorgados por Madrid) y el robo (ITV, Palau; Pretoria,etc), necesita agitar el espantajo de la estelada para que no le corran a gorrazos sus conciudadanos.

 Más allá de triunfalismos propagandísticos y abiertas mentiras, las cifras indican que estamos muy lejos de una voluntad mayoritaria por la independencia de esta región española. Los votantes del estatuto alcanzaron a duras penas el 37% y no se trataba de apoyar la independencia. Incluso aunque se deje votar a menores y extranjeros estaríamos en la órbita del 25-30% de apoyos a ese proceso, ruinoso para Cataluña. Los secesionistas mienten por norma. Y donde se juntan 300.000, anuncian un millón; donde los programas más vistos hablan español, se convierten en un 87% de catalano parlantes, tan falso que hasta los anunciantes han reclamado la verdad. Tantas mentiras, repetidas tantas veces, nunca se convierten en verdad.

Pero ese 25% tiene el poder ejecutivo (que pretende también hacerse con el judicial para frenar a los tribunales de España) y ya lo está utilizando, junto con el dinero de los impuestos, para reprimir a los que no comulgan con sus deseos. Hemos asistido a atentados recientes contra los partidos y militantes que se oponen a la ficción separatista. PP, Ciudadanos y UpyD han sufrido asaltos, ataques y ocupaciones sin que la policía autonómica y, mucho menos, sus responsables políticos hayan tomado cartas en el asunto.

 ¿Como doblegar a la mayoría de los catalanes que no quieren renunciar a ser también españoles? No hay más que una respuesta: represión. Llevamos treinta y cinco años reprimiendo todo lo que suene a español en Cataluña, condenando al ostracismo la lengua (mayoritaria entre los catalanes, mal que les pese a los secesionistas) en la escuela, la administración y los medios de comunicación, comprados a cargo de las subvenciones públicas.

El modelo Kosovo

Aún así,para su desgracia, los partidos que propugnan la unión, los constitucionalistas se recomponen y, hasta los más abiertamente españolistas, no cesan de crecer. Ciudadanos, por ejemplo, aparece en las encuestas como el segundo o tercer partido del Parlamento, triplicando sus escaños.

Por eso, se quiere imponer el modelo Kosovo: una mafia corrupta se hace con el poder y, a sangre y fuego, reduce la oposición a la nada, echándose en brazos de una potencia extranjera que la avale. Uno de los organizadores, del congreso del odio a España y de ocultación de la historia catalana, ya advertía: “la independencia se consigue con la guerra”.

No importa ya que Cataluña salga de la UE y de la OTAN si se separa; no importa que los bancos o grandes empresas, allí domiciliados, huyan o quiebren; no importa un retroceso de 50 años. Lo único que importa es conseguir el control de todos los recursos, de todas las instancias , en especial las judiciales, para no pagar por sus delitos. Y ello exige deteriorar aún más la convivencia entre catalanes, separándolos entre “adictos” y “enemigos”. El malestar es patente, y creciente, entre la ciudadanía. El odio se lleva enseñando treinta años y ahora alcanza mayores cotas. Los mafiosos no admiten disidencias y admitirán aún menos, si logran sus propósitos.

España es, hoy, la garantía de la libertad y el progreso de los ciudadanos de Cataluña. Es la garantía de que no va a haber impunidad para quienes les roban. Es la garantía de que van a poder expresarse, reclamar, ser libres.

Y eso exige firmeza, por parte del gobierno de España que debe aplicar la ley, a unos politicastros que intentan dar un golpe de estado, contra la Constitución. Un gobierno que debe dejar de alimentar el codicioso bolsillo de los ladrones y colocarlos ante sus responsabilidades, con sus ciudadanos y con la Ley.

Los secesionistas han hecho pública su hoja de ruta. Cada paso ilegal debe llevarles a los tribunales. Y nuestra Norma fundamental permite suspender, democráticamente, la autonomía e, incluso, encarcelar a su Presidente con la ley en la mano, para salvaguardar los intereses de todos los españoles. Ese es el camino, de cualquier país democrático que se respete (véase el ejemplo del reino Unido, en Irlanda del Norte) y hacer otra cosa, un delito de lesa patria que pone en riesgo el futuro de todos los que quieren progresar en un ambiente de libertad y democracia.

Carlos Astiz. 2013